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CESIÓN DE CRÉDITOS A “FONDOS BUITRE”: QUÉ POSIBILIDADES TIENE EL DEUDOR

En los últimos años se ha venido produciendo una masiva cesión de créditos por parte de las entidades financieras a lo que se conoce como “fondos buitre”.

 

El problema principal de dichas cesiones crediticias es que, aunque suponen la relevante consecuencia jurídica de que el adquirente o comprador del crédito (CESIONARIO) se coloca en el lugar del acreedor (CEDENTE), en aplicación de la normativa española actual, no es necesario el consentimiento de la persona que debe el crédito (DEUDOR).

 

Como consecuencia de ello, es frecuente que el deudor, sin haber dado su consentimiento, se acabe encontrando en alguna de las siguientes situaciones:

 

  • Que reciba una comunicación de la entidad cesionaria informándole de que ha comprado su crédito, convirtiéndose en su nueva acreedora.
  • Que, encontrándose en un procedimiento judicial instado por la entidad acreedora en reclamación del pago del crédito, la entidad cesionaria comunique al juzgado su subrogación en la posición de la actora.

 

¿Qué puede hacer el deudor ante dichas situaciones?

 

El artículo 1535 del Código Civil prevé la posibilidad de que el deudor extinga su crédito ejercitando el derecho de retracto en el plazo de nueve días desde que el cesionario le reclame el pago. No obstante, para que ello sea posible, el crédito ha de ser “litigioso”, entendiéndose como tal aquél que ha sido reclamado judicialmente, desde la interposición de la demanda por el acreedor hasta la firmeza de la sentencia que dicte el juez en el procedimiento, cuando el deudor se haya opuesto a su exigibilidad.

 

Por lo tanto, solo si la cesión del crédito se produce durante un procedimiento judicial en el que existe oposición, y antes de que la sentencia que se dicte en el mismo sea firme, el deudor podrá extinguirlo reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubieren ocasionado y los intereses del precio desde el día que éste fue satisfecho.

 

Pero es que, además, se ha establecido por la jurisprudencia que, cuando el crédito litigioso que se reclama se ha vendido dentro de una cartera de créditos, no cabe la aplicación del artículo 1535 del Código Civil y, por lo tanto, no procede el retracto.

 

Por todo ello, nos encontramos con que la normativa actual resulta del todo insuficiente para proteger al consumidor ante las cesiones crediticias inconsentidas, en cuanto el artículo 1535 del Código Civil no incluye los supuestos de cesiones de créditos en sede de ejecución o en la vía extrajudicial; y en cuanto se ha determinado que no cabe ejercer el retracto si la venta del crédito se hizo en bloque junto con otros créditos, sin que resulte posible individualizar o concretar el precio pagado por cada uno de ellos.

 

¿Significa eso que el deudor no puede hacer nada ante la cesión de su crédito a un “fondo buitre”? La respuesta es que NO. Teniendo en cuenta que estos “fondos buitre” pueden llegar a comprar los créditos por menos de un 10% de su valor, suele resultar más sencillo negociar con ellos que con entidades bancarias o de crédito. Por ello, desde BCNLEX Abogados y Economistas recomendamos el asesoramiento de un Abogado experto en este tipo de negociaciones para incrementar sus posibilidades de éxito.

 

Glòria Martínez

Abogada

BCNLEX Abogados y Economistas

 

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¿Por qué entregas miles y miles de euros sin consultar a un abogado?: La importancia de estar bien asesorado durante una compraventa

Inicio este blog lanzando al lector la siguiente reflexión: de manera habitual, ante cualquier situación  donde nuestra economía no está tan en juego, como podría ser un despido o una factura reclamada por una compañía telefónica, no dudamos ni un ápice en asesorarnos.

¿Por qué, entonces, no buscamos el mismo amparo cuando compramos una vivienda?

Tras buscar una respuesta a tal incógnita llegué a la única conclusión de que los compradores se sienten “falsamente asesorados” por la agencia inmobiliaria encargada de la comercialización del inmueble quienes van guiando los pasos a seguir para conseguir formalizar la tan ansiada operación. Y, obviamente, así es en parte. Los agentes inmobiliarios son un elemento imprescindible en cualquier operación de compraventa, y jamás pondré en duda su trabajo profesional (excelente en muchos de los casos), pero no debería recaer en ellos el asesoramiento económico y legal a ambas partes de la negociación.

El comprador necesita un acompañante legal a su lado durante todo el proceso para que le ayude en lo siguiente:

  • Que le alerte de los posibles riesgos en la finca elegida: problemas registrales, urbanísticos o con la comunidad de vecinos.
  • Que dirija la negociación de las cantidades entregadas a cuenta
  • Que redacte o revise cualquier documento que firme: de reserva, arras, compraventa.
  • Que le ayude a encontrar la financiación adecuada.
  • Que detecte cualquier cláusula abusiva en el préstamo hipotecario concedido.
  • Y que, por supuesto, supervise y monte la firma de las escrituras en el Notario.

Probablemente  una compraventa de vivienda será la operación más costosa de nuestra vida y la de mayor riesgo y, lamentablemente, se suele acudir al abogado cuando ya hemos entregado miles de euros a personas a quienes prácticamente no conocemos y hemos firmado documentos en los que comprometemos nuestros ahorros, y casi nuestra alma, cuando, sin embargo, este asesoramiento debería haber sido  previo a todas estas acciones

Por ello, desde BCNLEX Abogados y Economistas recomendamos a todos aquellos que se encuentren inmersos en un proceso de compraventa de una vivienda así  como a aquellos que vayan a iniciarlo en breve que  cuenten con el asesoramiento de un Abogado experto en la materia quien les guiará constantemente tanto en la elección de la finca como en la tramitación de la tan ansiada compraventa.

Yolanda Barrio

Abogada

BCNLEX Abogados y Economistas

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En qué consiste un acto de conciliación laboral

El acto de conciliación laboral es un acto prejudicial que obligatorio cuando el trabajador no está de acuerdo con el despido, la liquidación que la empresa le ofrece o se le deben salarios. Es, por tanto, un intento de evitar el juicio laboral.

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